El otro día en el periódico venía un artículo sobe el descontento popular con la justicia, haciendo un balance tras 30 años de sistema democrático. Lo raro y la noticia sería lo contrario.
Desde mi punto de vista, el problema se puede dividir en dos aspectos: el funcionamiento y el planteamiento.
Tras el caso Mari Luz se terminó de mostrar que los juzgados funcionan como en el siglo XVIII, habiendo más de un millón y medio de sentencias pendientes de ejecutar, de los cuales 270.000 fallos son de orden penal. Saturación administrativa y desbordamiento son dos de los motivos de tal injusta situación. Además, sangra que a estas alturas de la vida, no exista un archivo central de ADN de agresores, como si lo hay de huella dactilar de todos los ciudadanos. Si la justicia funcionase como lo hace la Agencia Tributaria, otro gallo cantaría.
El otro gran problema, a mi entender reside en las propias leyes. Tras la fachada de la reinserción utópica y la democratitis, se mantiene un código penal por el cual da igual matar o violar a ocho que ochenta. En unos años (creo que no más de 20) el criminal vuelve a estar en la calle. Delitos como el robo de carteras no recibe castigo, convirtiéndolo en una forma de vida para quienes lo practican, eso sí, entrando y saliendo de las comisarias como Pedro por su casa. Crimen o delito que queda impune, crimen o delito que se fomenta.
La reinserción, es algo que se puede conseguir en delincuentes, pero no es extensible a toda la población penitenciaria. Más aún, cuando los propios psiquiatras forenses (quienes estudian la mente y personalidad del personal) manifiestan que la inmensa mayoría de psicópatas son conscientes de sus actos, disfrutan con lo que hacen y no hay posibilidad de rehabilitación (por que no les da la gana). Propio sería mantener a tales elementos en aislamiento toda su vida o gran parte de ella (no 15 años como con el violador del Ensanche). Tal aislamiento se puede llevar a cabo a través de condena de cadena perpetua o cumplimiento íntegro y acumulación de condenas. Si a alguien se le condena a 200 años de cárcel, que ello sea sinónimo de que envejezca y muera en prisión. Pero ese no es el caso actual de España.
Han pasado 30 años desde el cambio de régimen y la clase política no ha mostrado intenciones efectivas de reformar con efectividad el código penal. O en todo caso empeorarlo, como sucedió con la creación de la actual Ley del Menor (obra legislativa de la derecha).
Que el 66% de la población crea que la Justicia protege más al delincuente que a la víctima es una evidencia en sí misma.
Como ciudadano pido un endurecimiento severo del código penal. Que delinquir o joderle la vida al prójimo no salga gratis y que se mantenga en aislamiento perpetuo a quien haya dado muestras empíricas de no merecer vivir en libertad. Pido la instauración de la cadena perpetua.
